Ada Colau y Albert Batlle mienten a los vecinos de Poblenou

Ada Colau y Albert Batlle convocaron el pasado día 14 de julio a los vecinos de la asociación SOS Triángulo Golfo para prometerles que subirían las cuantías de las multas por incivismo a 600€, una promesa a la que han faltado.

Es necesario cierto talento para plantarse delante de un grupo de personas y mentirles a la cara. O tal vez talento no sea la palabra adecuada, tal vez la cuestión sea más prosaica y baste con ser un caradura o, como vulgarmente se dice, tener mucho papo.

El pasado día 14 de julio la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, convocó a la Plataforma SOS Triángulo Golfo y se llevó de una oreja a su teniente de alcalde, Albert Batlle, para tener un cara a cara con los vecinos. El gesto era necesario. La noche anterior, en el carrer Almogavers, las llamas de un contenedor incendiado llegaron a las persianas de la habitación de un niño, y tuvieron que acudir los bomberos para que la cosa no acabara en tragedia.

“Fue un pirómano de la zona”, aseguró el teniente de alcalde, porque para él era mejor que se tratara de un caso aislado, de un loco itinerante, que no de un hecho que se repite de forma más o menos habitual en nuestras calles. La mentira automática, la mentira como primer resorte, ágil, rápida y sin titubeos. ¿Talento o papo? Ustedes dirán.

Pero la cosa siguió. Delante de un grupo de al menos unos 14 vecinos, Ada y Albert, Albert y Ada, se comprometieron a subir la cuantía de las multas por incivismo (beber, gritar, orinar en la calle) de unos exiguos 30 euros a 600 (15 y 300 euros con prontopago respectivamente), y se comprometieron también a que los supermercados de la zona tuvieran que cerrar de diez de la noche a siete de la mañana. Esa misma tarde, en un aparte con los vecinos, la alcaldesa nos aseguró que si Batlle no llevaba esas medidas a cabo, "será tan fácil como cambiar de teniente de alcalde". Y esto también delante de varios testigos. En fin, cosas que se dicen cuando uno o una se viene arriba y se le suelta la lengua, ¿no?

Y los vecinos nos lo creímos.

Pero he aquí la sorpresa. Este lunes 8 de agosto, en rueda de prensa, Albert Batlle aseguró que la Guardia Urbana había interpuesto 747 denuncias por consumo de alcohol en la vía pública desde el día 2 de agosto, pero que ninguna de las denuncias por incivismo llegaron al importe de 600€ debido a que no se consideró que se tratase de conductas graves. Por cierto, una cuantía de multa que no tuvieron que inventarse, aunque se encargaran de venderlo como un logro, ya que las ordenanzas ya contemplan un rango incluso superior. Y, por cierto, tampoco haría falta apelar a la llamada "ley mordaza" para que fueran aplicadas, ya que, el artículo 46.3 de la "Ordenanza de medidas para fomentar y garantizar la convivencia ciudadana en el espacio público de Barcelona", reza específicamente: 

Queda especialmente prohibido el consumo de bebidas alcohólicas descrito en el apartado 1 de este artículo cuando pueda alterar gravemente la convivencia ciudadana. A estos efectos, dicha alteración se produce cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

a) Cuando, por la morfología o la naturaleza del lugar público, el consumo se pueda hacer de forma masiva por grupos de ciudadanos o ciudadanas o invite a la aglomeración de estos. 

b) Cuando, como resultado de la acción del consumo, se pueda deteriorar la tranquilidad del entorno o provocar en el situaciones de insalubridad. 

c) Cuando el consumo se exteriorice en forma denigrante para los viandantes o demás usuarios de los espacios públicos 

d) Cuando los lugares en los que se consuma se caracterizan por la afluencia de menores o la presencia de niños y niñas y adolescentes.

Y en el Triángulo Golfo se cumplen los cuatro condicionantes para aplicar la máxima sanción, por si no hubiera bastado con que Albert Batlle y Ada Colau se hubieran comprometido a imponerla.

El primero que dijo esto de la multa de 600€ fue el regidor del distrito de Sant Martí, David Escudé, que nos aseguró el 6 de junio que esta subida en las multas se plantearía como medida de choque en el área del Triángulo Golfo, y que, a partir de ese momento y por circunstancias obligadas, beber y orinar en la calle se consideraría como una falta grave, y se darían indicaciones a los agentes para que interpusieran las denuncias correspondientes. Posteriormente Genma Tarafa, regidora de Salut del Ayuntamiento de Barcelona, se comprometió en asamblea con los vecinos a presionar a Batlle para que le diera, nos diera, una fecha de aplicación de las medidas. “¿Y qué capacidad de presión tienes?”, le preguntamos. “Mucha capacidad”, respondió sin titubeos.

Todavía estamos esperando.

Aunque no es verdad, los vecinos ya no esperamos nada de esta panda de vividores de la política, líderes en marear la perdiz y maestros en engatusar, expertos, únicamente, en ganar tiempo ellos y hacérselo perder a los demás mientras no resuelven nada.

Quique Castro.